Francisco Veiga. (Veiga: un blog)

Desde que el pasado 30 de marzo el Tribunal Constitucional de Turquía decidió lanzar un proceso de ilegalización contra el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) se ha inaugurado en el país anatolio una nueva crisis política de confusos perfiles. ¿Cómo puede ocurrir que la fiscalía del Tribunal Constitucional, en un país supuestamente democrático, se lance a ilegalizar el partido del gobierno que además goza de amplia mayoría parlamentaria?¿Sus señorías se han dado cuanta, precisamente ahora, de que la formación política que ha ganado por amplio margen dos elecciones legislativas consecutivas es un peligro para la democracia? La acusación achaca “actividades antilaicas” al AKP, en cansina repetición de la ya vieja cantinela sobre la “agenda oculta” del partido en el poder.

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