Andrés Mourenza. El Periódico

El Tribunal Constitucional de Turquía cerró ayer el paso a que los militares rindan cuentas ante la justicia ordinaria. Considera así contraria a la Carta Magna una reforma legal aprobada por el Parlamento turco en julio que permitía a los tribunales civiles juzgar a personal militar e impedía a las cortes castrenses juzgar a civiles en tiempos de paz.

En su informe sobre los progresos anuales de Turquía publicado el pasado octubre, la Comisión Europea aplaudió la reforma impulsada por el Gobierno del conservador Recep Tayyip Erdogan, ya que suponía «alinear Turquía con las prácticas de la UE». Pero en un país donde los generales, autores de cuatro golpes de Estado en los últimos 50 años, conservan un gran poder político y económico, esta reforma no fue del todo bienvenida y la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, kemalista laico), decidió plantear un recurso de inconstitucionalidad que ayer el alto tribunal aceptó por unanimidad.

DISCREPANCIA

La sentencia del Constitucional ha sentado mal en el Gobierno, que ha manifestado su discrepancia a través de varios ministros. Al parecer del Ejecutivo se ha sumado el pequeño grupo de jueces demócratas, que ha indicado que el fallo es contrario «al principio natural del Derecho» y supone «impedir la posibilidad de luchar de manera legal contra los golpes de Estado». Y es que esta sentencia tendrá un efecto inmediato en los juicios contra la trama Ergenekon, una supuesta red golpista de ideología ultranacionalista en la que estarían implicados altos mandos del Ejército, cuya investigación había sido saludada desde la UE como «el primer intento en la historia moderna de Turquía de llevar a golpistas ante la justicia».

El veredicto constitucional es, además, un nuevo varapalo al Gobierno de Erdogan después de que, en diciembre, los jueces ilegalizasen la principal formación kurda, el Partido de la Sociedad Democrática, dejando así malherido el incipiente proceso de paz con los kurdos. La normalización diplomática con la vecina Armenia también ha quedado estancada, así como las negociaciones sobre la dividida isla de Chipre, dos asuntos en los que el Gobierno de Ankara había complacido a la comunidad internacional.

En su memoria anual, la oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que los fallos de la justicia turca continúan «desoyendo las leyes internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y que el «sistema judicial [de Turquía] es aún un foco de resistencia institucionalizada a las reformas».

REFORMA

Las últimas decisiones judiciales han reforzado en Turquía el frente de la oposición, formado por los partidos kemalistas y nacionalistas, junto a miembros de las Fuerzas Armadas y la judicatura, por lo que al Gobierno de Erdogan solo le queda jugar su última carta: aprobar una nueva Constitución. Tras su reelección en el 2007 y siguiendo las recomendaciones de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y la UE, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) prometió una nueva Carta Magna que sustituya a la actual (redactada en 1982 por la Junta Militar), pero esa promesa ha quedado en el aire por el recelo que despierta entre los sectores más inmovilistas.

Fuente: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=680791&idseccio_PK=1007&h=

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