Antonio Cuesta. Blog de Turquía

El lunes 18 de enero la OSCE convocó una rueda de prensa en su sede de Viena para criticar la ley de Turquía que regula los contenidos en Internet.

Rápida y diligentemente reproducida por agencias de prensa y periódicos, los titulares de la noticia eran inequívocos: La OSCE critica a Turquía por bloquear 3.700 páginas web por causas políticas (ABC); Turquía bloquea 3.700 webs por razones ideológicas (El Periódico); La OSCE afirma que Turquía mantiene bloqueadas al menos 3.700 páginas de Internet (Europa Press)…

En la comparecencia pública, el representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Miklos Haraszti, aseguró que “en la actualidad, al menos 3.700 páginas de Internet son bloqueadas en Turquía (…), Además, bloquear el acceso a páginas enteras de Turquía paraliza el acceso a un gran número de redes sociales o lugares de uso compartido de archivos”.

Haraszti afirmó igualmente que, mientras estuvo en Turquía (unos días antes), no pudo acceder a la página web que la OSCE tiene en YouTube. “Bloquear el acceso dentro de Turquía es una afrenta a un derecho de la sociedad”, aseguró. “Además, algunas de las razones oficiales para bloquear Internet son arbitrarias y políticas y, por tanto, incompatibles con la libertad de expresión que defiende la OSCE”, afirmó.

“Nuestra principal recomendación es que se reforme o elimine la ley de Internet. Espero que las autoridades turcas retiren pronto las disposiciones que impiden que los ciudadanos turcos no puedan ser parte de la sociedad global de la información”, concluyó.

Hasta aquí la noticia.

Los hechos

Las afirmaciones de Haraszti provenían del informe “Turquía y la censura en Internet” preparado por el académico turco Yaman Akdeniz, experto en legislación y Derechos Humanos y profesor en la Universidad de Bilgi en Estambul. Pero el responsable de la OSCE malinterpretó algunas de las conclusiones del riguroso y detallado informe. Para empezar porque no es cierto que “en la actualidad, al menos 3.700 páginas de Internet son bloqueadas en Turquía” sino que desde la entrada en vigor de la Ley 5651 (Ley de Internet) en Turquía, en mayo de 2007 y, hasta diciembre de 2009 “aproximadamente 3.700 sitios web han sido bloqueados” (página 2 del informe), lo cual es sensiblemente diferente, y más si se tiene en cuenta que esos bloqueos son temporales hasta ser retirados los contenidos que motivaron la sanción. A este respecto la ley, en su artículo 8, tipifica como punibles: la inducción e incitación al suicidio, la explotación y el abuso sexual de niños, facilitar el uso de drogas, suministrar sustancias peligrosas para la salud, la obscenidad, el juego [prohibido en términos generales en Turquía] y los delitos cometidos contra [el fundador de la República] Atatürk.

Por otra parte lo que el informe reclama a las autoridades turcas es “transparencia, publicidad e información” de las decisiones, tanto judiciales como administrativas, que imponen los bloqueos. Algo que actualmente se da la menor parte de las veces.

“El estudio ha demostrado que la falta de transparencia judicial y administrativa en lo que se refiere a las órdenes de bloqueo de los tribunales y de la TIB [organismo público ejecutivo de la ley] sigue siendo un problema importante. Por otra parte, las decisiones de la TIB de no revelar las estadísticas de bloqueo es un paso atrás, y en ausencia de información, veracidad y transparencia, es difícil controlar y evaluar las prácticas jurídicas del régimen legal actual en Turquía” (p. 35).

Por lo que en sus conclusiones pide que “cesen los bloqueos fuera del ámbito de aplicación de la ley”, se aseguren las garantías jurídicas en los procesos sancionadores y se adapte la legislación “a las normas internacionales sobre la libertad de expresión, o de otro modo se considere la abolición de la ley”.

Ciertamente la libertad de expresión en Turquía es un derecho en constante estado de amenaza, y la legislación aporta más herramientas para controlarlo que garantías para su ejercicio. Sin embargo, este derecho no puede ser invocado para Internet en su conjunto puesto que, debido a sus características, en la red se pueden hallar todo tipo de mensajes, productos y servicios no siempre legales atendiendo a las legislaciones de cada país. Tampoco se puede pasar por alto que lo que Turquía realiza de forma “burda” a través mecanismos estatales creados para ello, los países más poderosos lo llevan a cabo de manera más “limpia” usando subterfugios y eufemismos que provocan el mismo o mayor daño, aunque para ello cuenten con la colaboración de “herramientas” más potentes y discretas como son las multinacionales del ocio.

Por poner unos ejemplos: cuando en mayo de 2008 el Juzgado Penal Nº1 de Ankara impuso la sentencia de prohibir el acceso a YouTube en tanto no retirara 111 vídeos considerados ilegales, el servidor (ahora de Google) procedió a retirar 67, hasta el día de hoy; por las mismas fechas YouTube decidió cerrar de manera unilateral la cuenta que tenía aporrea.org (el periódico alternativo más leído de la red en castellano); unos meses antes (noviembre de 2007) YouTube canceló la cuenta de Wael Abbas, un activista egipcio contra la tortura, que contaba con más de 100 vídeos, entre ellos algunos que mostraban la violencia policial, acusaciones sobre irregularidades electorales y manifestaciones contrarias al gobierno de su país; cinco meses antes (junio de 2007) YouTube cerró la cuenta de Luigino Bracci, con más de 450 vídeos, fundamentalmente centrados en defender el proceso revolucionario de Venezuela; hace ahora dos meses (noviembre de 2009) YouTube cerró la cuenta del semanario satírico El Jueves que contaba con centenares de vídeos; hace un mes YouTube canceló y borró los numerosos vídeos de producción propia que tenía el portal StereoZona.tv; por contra, en agosto de 2007, YouTube mantuvo en Alemania un vídeo que incluía fragmentos de la película de propaganda antisemita de 1940 “Jud Süss” y dos vídeos musicales de la proscrita banda de rock alemana de ultraderecha Landser, que muestran material de la Segunda Guerra Mundial con operaciones militares nazis, pese a la fuerte presión de diversas organizaciones sociales para que fueran retirados… Pero de todo esto nada dijo Miklos Haraszti.

Una curiosidad. Mientras el bloqueo en Turquía de YouTube tiene más de virtual que de real, puesto que se puede sortear utilizando proxy servers, la cancelación y borrado de cuentas elimina el trabajo de años y la posibilidad de recuperar el material alojado en el servidor. Sólo añadir que durante todos estos meses, y a pesar de la prohibición en Turquía, YouTube ha seguido estando entre las 10 páginas más visitadas de internet por los internautas turcos.

Otras actuaciones. Un buen número de las prohibiciones en Turquía se basan en la violación de derechos de autor (entre ellas las referentes a las denominadas redes sociales), algo muy común en otras latitudes pero al parecer sólo criticado en determinados países. Mucho más grave fue el cierre de los servidores eDonkey en Alemania y Razorback2 en Bélgica, que desde luego no podían ser acusados más que de facilitar el intercambio de archivos entre particulares, y sin embargo las noticias no causaron tanto revuelo.

Tampoco lo causó el bloqueo de la empresa estatal sueca Telia, proveedora de servicios de telefonía e internet, cuando en marzo de 2008 impidió el acceso a numerosas páginas españolas y latinoamericanas (el periódico digital Rebelión o la Agencia Boliviana de Información, entre otras), siguiendo el camino de censura previa que sobre las mismas webs había iniciado la empresa norteamericana CogNet.

Ni mucho menos el caso del gobierno de los Estados Unidos contra Steve Marshall. En 2007 Marshall, un agente de viajes inglés residente en España, se encontró con que cerca de 80 de sus sitios Web dejaron de funcionar -Washington mediante- por publicitar entre sus ofertas vacacionales la isla de Cuba. Páginas en inglés, francés y español que llevaban funcionando desde 1998, y algunas de las cuales (www.cuba-hemingway.com, www.cuba-havanacity.com, entre otras) trataban temas de historia y cultura de Cuba. También en este caso podría hacerse un extenso relato, pero basta con visitar la lista negra del Departamento del Tesoro (sólo una lista de entre las muchas existentes en las instituciones del Estado norteamericano) para hacerse una idea.

¿Qué es la OSCE?

¿Sorprende entonces la denuncia hecha por la OSCE? No, si se conocen los antecedentes de esta institución creada en plena guerra fría, remozada en 1975 y “refundada” 20 años después.

De sus objetivos iniciales como organismo multilateral (que reunía a países socialistas y capitalistas del hemisferio norte) en pos de la denominada “política de disuasión”, evolucionó hacia la defensa del expansionismo económico de las empresas del Occidente capitalista, para favorecer la penetración de las estructuras económicas de mercado en las regiones periféricas poco explotadas por las grandes multinacionales. En este sentido el papel desempeñado en la defensa del credo democrático-liberal no es algo irrelevante.

El caso de Yugoslavia es paradigmático. Durante su violento proceso de desintegración la OSCE maniobró para conseguir algo hasta ese momento inédito: que “nacionalistas” de todos los bandos (croatas, eslovenios, serbios, albaneses, bosnios) defendieran con convicción las inversiones extranjeras y la entrada del capital multinacional en su territorio. Entre otras contrapartidas, la OSCE modificó las reglas del escrutinio en las elecciones municipales de Bosnias de 1997 para favorecer a los nacionalistas croatas, y colaboró en el “montaje” de la matanza de Racak (que sirvió como “justificación” para la invasión de Yugoslavia por la OTAN en 1999) como más tarde se llegó a saber.

Algunas perlas. “Experta” en procesos electorales, la OSCE criticó con virulencia las elecciones en Bielorrusia y Moldavia (donde se impusieron los candidatos equivocados) mientras alabó las celebradas en Ucrania sólo cuando venció el pro-occidental Víctor Yushchenko. Por supuesto nada dijo del fraude electoral de George W. Bush en 2004. En numerosas ocasiones ha criticado la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, en los países donde son minoría, pero se ha abstenido de hacer lo propio con los musulmanes. En septiembre de 2007 Amnistía Internacional denunció la negativa de la OSCE a aceptar la participación de la ONG de derechos humanos “Sociedad de Amistad Ruso-Chechena” en la reunión de alto nivel sobre víctimas de terrorismo, celebrada en su sede de Viena. Más recientemente (julio de 2009) la OSCE emitió una declaración en la que equiparaba fascismo y comunismo tratando de ese modo de reescribir la historia reciente de Europa.

Conclusión

El pasado 14 de enero (cuatro días antes de su rueda de prensa con la que se inicia este artículo), Miklos Haraszti mostró su preocupación en la Universidad de Bilgi en Estambul ante “las restricciones a la liberalización total de los medios de comunicación del país [Turquía]”. Haraszti consideró injustificable cualquier intromisión gubernamental contra un medio de prensa.

Durante su conferencia también se refirió a la crisis provocada por la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma en Dinamarca en 2005. Haraszti consideró que la respuesta de Dinamarca y de otros países de la UE a la dura reacción de sectores musulmanes fue la correcta, pues a su modo de ver “hay una clara diferencia entre la instigación a la violencia y las duras críticas de la religión”.

La contundencia de sus declaraciones ante los despropósitos del Estado turco no compensan, sin embargo, el silencio mantenido cuando el FBI confiscó en Londres los ordenadores de la Red Indymedia, cerrando una veintena de páginas web asociadas, y en tantas otras ocasiones en que los perjudicados han sido medios comunitarios o páginas alternativas “antisistema”.

Pero también pudiera ocurrir que el objetivo perseguido fuera el de abrir una brecha por el que introducir inversores extranjeros en el sector de los medios de comunicación en Turquía. Un negocio, por el momento, en manos del capital local.

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