Antonio Cuesta. Blog de Turquía

Finalizado ya el Foro del Agua en Estambul, en sus versiones comercial y social, los participantes vuelven a sus tareas. Unos regresan a sus cómodos sillones desde los que seguir ganado dinero y otros a sus comunidades donde continuarán resistiendo contra las inhumanas políticas neoliberales.

Los primeros tratarán de aumentar, pese a la crisis, sus beneficios a costa de hacer negocio con una fuente de vida como es el agua. Para ellos el agua no es un derecho, es una “necesidad” y como tal debe ser satisfecha por el mercado. Regresan satisfechos por haber conseguido evitar lo que a todas luces es una evidencia: el agua es de todos y, de tan valiosa, no tiene precio.

Los segundos no sólo comparten que el agua es un derecho humano inalienable, entienden sobre todo que es el origen de la vida en este planeta. Como recordaba estos días un diplomático latinoamericano, “vender el agua es como vender a nuestra madre”. Ahora llega el tiempo de seguir organizándose y continuar la lucha por la defensa de los derechos más básicos.

Danilo Urrea es de los que luchan y, aunque los ecos de los debates en Estambul ya se apagaron, quedaba pendiente que nos explicara en qué situación se encuentra el movimiento colombiano que reclama una reforma constitucional para que defienda el derecho al agua.

Esta organización popular, diversa, amplia y multisectorial pide el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, garantizándose un mínimo vital gratuito; también que su gestión esté en manos del estado y las comunidades organizadas sin ánimo de lucro; que haya un control efectivo desde la sociedad hacia las empresas que prestan el servicio; y, por último, que se garantice la protección de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico.

Estos cuatro puntos -explica Urrea- recogen las aspiraciones de cuantos nos oponemos a las actuales políticas en Colombia, basadas en la explotación indiscriminada de los recursos naturales y especialmente la minería. Y en ese sentido, la movilización por el agua también debe ayudar a detener el modelo minero que está destruyendo los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, los resguardos indígenas y las zonas campesinas, que es donde hay mayor riqueza mineral del país.

En Colombia estamos intentando llevar a cabo una alternativa democrática radical con herramientas de la democracia liberal. Demandamos la celebración de un referendo por el agua con el fin de que todas las personas expresen su opinión sobre la reforma constitucional. Ello nos exige cumplir formalidades legales, pero sin perder de vista que nuestro objetivo es que sea el pueblo soberano quien dicte las políticas.

Así las cosas, y ante la negativa de los poderes públicos y privados, el movimiento popular presentó, la pasada semana, 2 millones de firmas ante el Congreso de la nación apruebe, o no, la convocatoria de un referéndum sobre los cambios demandados en el texto constitucional. Si pese a todo los diputados desestiman la propuesta, el movimiento Referendo por el Agua valorará la posibilidad de seguir recogiendo firmas (unas 800 mil más, hasta llegar al 10% del censo electoral) para poder convocar directamente un referendo sin la autorización del congreso, que es también una alternativa legal en Colombia.

Paradójicamente, el peligro reside en que el Parlamento acepte a trámite la propuesta pues, en ese caso -aclara Urrea-, el Congreso podría hacer modificaciones al texto y ellos dicen que los cambios que le harían sería retirar el punto que habla sobre la privatización del agua.

Lo cierto es que el debate está abierto en la sociedad e, incluso, en los medios. El pasado miércoles (18 de marzo) el editorial de El Espectador “El Referendo del agua” afirmaba que “la iniciativa es un ejemplo interesante de movilización social. Redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, comunitarias e indígenas circularon a través del país, conformaron comités, realizaron asambleas populares, hicieron propaganda sencilla a través de volantes”.

Dos días después, el mismo diario también recogía el texto, un tanto recortado, de Rafael Colmenares Faccini, portavoz del Comité Promotor del Referendo del Agua, en el que puntualizaba algunas de las afirmaciones hechas por el editorial del diario [Ver aquí la nota completa].

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