En el Día Mundial contra las Hidroeléctricas.

Tribunal Internacional del Agua. Blog de Turquía

Concluye el juicio que el Tribunal Internacional del Agua ha llevado a cabo en Estambul sobre tres casos de represas hidroeléctricas. El jurado falla a favor de los tres demandantes y recomienda al gobierno turco escuchar a su sociedad civil, respetar la ley de informes de impacto ambiental y revisar su política energética.

En vísperas de elecciones municipales y del V Foro Mundial del Agua, coincidiendo casualmente con el día mundial contra las Hidroeléctricas y ante las pruebas técnicas y los argumentos presentados por los demandantes de los Casos “Munzur”, “Ilisuf” y “Yusufeli”, al sureste de Anatolia y al sur del Mar Negro, donde la dirección general de Obras Hidráulicas tiene planeadas grandes represas para generar energía hidroeléctrica, el jurado del Tribunal Internacional del Agua recomienda al gobierno turco escuchar las alternativas propuestas por su sociedad civil y desarrollar otros planes de producción energética, así como mejorar la eficiencia en la distribución a larga distancia y el respeto sus propias leyes medioambientales.

Es la primera vez que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) sale de su ámbito de influencia habitual. En pasadas audiencias el Tribunal ya falló sobre casos como La Parota, Juanacatlan, los doce pueblos de Morelos, los problemas mineros en Centroamérica, el transporte radiactivo en Panamá o la producción camaronera en Honduras, con resultados evidentes en los procesos civiles. Esta vez espera no llegar a menos y junto con la Fundación Heinrich Böll, con quien ha constituido el Tribunal Internacional, quiere, en palabras de su director, Javier Bogantes “propiciar la reflexión por parte de autoridades y grupos financieros y buscar solución ética y científica a los conflictos, ya que la seguridad tiene muchas facetas y una de ellas es la ecológica”.

Aunque las instancias del gobierno turco y los consorcios internacionales demandados, a excepción de la banca austriaca OEKB, han brillado por su ausencia en este Tribunal, el proceso ha sido seguido de cerca por los medios de comunicación locales y se espera sentar las bases para otra política de desarrollo a la actual, una política que según los miembros del jurado es muy similar a la implementada en México tras los acuerdos del NAFTA, ya que, como señala Ulrique, de la Fundación Heinrich Böll “en los últimos años la agricultura se está viendo amenazada y hay grandes desplazamientos de población”.

Las sugerencias del Tribunal al gobierno turco son cambiar sus políticas de desarrollo energético y elaborar políticas alternativas que preserven los recursos naturales y la biodiversidad, cumplir la legislación vigente, anular la cláusula 4 de su ley sobre informes de impacto ambiental de 1993 que impide exigir informes sobre impacto medioambiental con carácter retroactivo (similar a la clausula 7 de la ley 0.83 sobre vertederos en México) y anular el artículo 89 de la legislación que permite llevar a cabo megaproyectos si son considerados de “utilidad pública”. El Tribunal recomienda también analizar el concepto de utilidad pública, y señala que algunos de los proyectos como en el caso Yusufeli, valle del Munzur, ni siquiera es económicamente viable el proyecto de la represa. También apunta que Hanankeyf, una ciudad de 12.000 años de antigüedad que será destruida si se lleva a cabo la presa Ilisu en el río Tigris, debería ser propuesta a la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

“Si el gobierno invirtiera en mejorar el sistema de distribución energética -señala Mauritz Groen, miembro del jurado- ahorraría hasta un 20 por ciento y no sería necesario construir la represa de Ilisuf, ya que según datos oficiales se pierde entre un 21 y 23 por ciento en el transporte, lo que significa tres veces la energía que el gobierno espera extraer de Ilisuf con un inmenso coste ecológico, social y económico”.

“El Tribunal no es un actor dentro del espacio público mexicano, solo está haciendo una evaluación de lo que sucede aquí” -señala David Barkin, economista y vicepresidente del jurado- que considera que tanto en México como en Turquia, la sociedad civil y sus expertos están maduros para proponer modelos de desarrollo económico local que frenen el impacto de las grandes corporaciones.

El Tribunal también ha recordado al Gobierno Brasileño tomar medidas para solucionar el caso de la represa del río Madeira, en la frontera de Brasil con Bolivia, una represa por la que miles de poblaciones ribereñas se verán afectadas, que incrementará los índices de malaria y que destruirá la diversidad y el flujo de la cuenca del principal afluente del río Amazonas.

“El medioambiente es mucho más importante que los políticas momentáneas de los gobiernos y las empresas, ya que una vez se haya acabado la biodiversidad o los recursos… ¿qué haremos? -señala la actriz Pelin Batu, presidenta del jurado- El ciclo del que depende todo no puede ser destruido sin afectar a la economía”.

Pelin Batu espera que se celebren muchas más cortes internacionales de este tipo ya que, si bien no tienen una incidencia directa en la burocracia, poco a poco irán calando en la sociedad civil y en la conciencia del gobierno.

El caso presentado por la Asamblea de Afectados Medioambientales en el que se demanda mayor acceso a la información al gobierno mexicano, así como una política de desarrollo medioambiental coherente y una escucha a las propuestas de la sociedad civil, ha sido aplazado para la próxima Audiencia del TLA en Buenos Aires, Argentina.

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