Antonio Cuesta. Blog de Turquía

Audiencia del Tribunal Internacional del Agua en Estambul

Desde el pasado martes, y hasta el próximo sábado, se está llevando a cabo en Estambul un proceso judicial contra Turquía, México y Brasil por sus políticas medioambientales, relativas a la situación y los recursos hídricos.

Con motivo del inicio del 5º Foro Mundial del Agua de Estambul, que comenzará el lunes 16 de marzo, numerosas organizaciones sociales pidieron al Tribunal Latinoamericano del Agua -una entidad independiente que dirime conflictos por expolio, contaminación o derroche del agua- que abriera una audiencia en la que se analizaran problemas surgidos en Turquía y Latinoamérica.

Este Tribunal Internacional del Agua está integrado personalidades, juristas, expertos medioambientales, periodistas y académicos de varios países y tratará de dar respuesta a aquellos casos agotados en la justicia ordinaria. En el caso de Turquía se juzgará la construcción de las grandes presas hidroeléctricas de Munzur, Yusufeli e Ilisulu. Proyectos que se hallan espacios de alto valor ecológico y social, por su biodiversidad y la naturaleza de sus poblaciones ancestrales.

Para David Barkin, economista residente en México y vicepresidente del Tribunal, tanto la justicia turca como la europea se han mostrado incapaces de resolver los problemas de muchas poblaciones que acaban frustradas ante unas políticas energéticas que chocan frontalmente con los deberes de protección social y medioambiental.

“El problema de las represas hidroeléctricas nace entonces como una cuestión de difícil solución, ya que, si bien la energía hidroeléctrica es considerada como una de las fuentes de producción energética más ecológicas, junto con la energía solar y la energía eólica-señala un experto medioambiental del partido verde- también causa graves alteraciones climáticas y percances a las poblaciones”.

Según datos gubernamentales manejados por este analista, en Turquía, un 40% de la energía producida para consumo doméstico e industrial proviene del petróleo, otro 40 del gas natural –importado de Rusia, Iran y Argelia-y el 20%  restante de la energía hidroeléctrica.

“La política energética estatal busca la autosuficiencia y una modernización de sus estructuras; sus planes de desarrollo están fuertemente centralizados”, señala.

Los tres casos han sido previamente paralizados por las cortes de justicia, los despachos, los ministerios. Pero según la politóloga Emel Karma, el estado turco se protege de sus ciudadanos con una política paranoica en la que cada movimiento de la sociedad civil es interpretado en clave de amenaza. En este contexto los casos presentados tienen ya un impacto nacional y mediático antes del juicio.

Breve resumen de los casos

Caso Munzur

La Federación de asociaciones de Tunufeli por la preservación del Valle Munzur acusan al Primer Ministro de Energia y Recursos Naturales, a la Dirección General de “State Water Works” y al Ministro de Medioambiente y Bosques por la construcción de una represa para la generación de energía hidroeléctrica con alto costo medioambiental en el valle del Munzur.

Según los demandantes, el valle de Munzur se encuentra rodeado de montañas y entre su enorme biodiversidad (150 mil especies de flora) hay 120 especies endémicas. Su población, de origen kurdo, ha sido agredida y desplazada en numerosas ocasiones, especialmente en 1938 y 1944. En su seno hay un Parque Nacional, el mayor (42 mil km2) y más antiguo (1971) de Turquía. El gobierno turco planteó en su programa de inversiones del año fiscal 1999  ocho centrales hidroeléctricas en la región. Está previsto que el proyecto se lleve a cabo por un consorcio de empresas turco-norteamericanas (Stone&Webster) con un monto de inversión que asciende a 10 millones de dólares. Las ocho plantas eléctricas generarían 384 MW (80 millones de dólares anuales a precio de mercado), lo que representa un 1.2 % de las necesidades energéticas.

Los demandantes se centran en el rechazo a  Konaktepe I y Konaktepe II por ser las más dañinas ya que se encuentran en pleno Parque Nacional. Argumentan que su construcción llevará a la despoblación del Valle y sostienen con documentos científicos que producirá un micro cambio climático y una reacción en cadena de las especies. El caso ha sido llevado a los tribunales turcos y a la Corte europea sin éxito.

Caso Yusufeli

Yusufeli es una gran represa hidroeléctrica que el gobierno turco tiene planeado construir en el valle del río Coruh, al noroeste de Turquía, colindante con el mar negro. Su diseño fue completado y revisado en 1986 y 1990 respectivamente. Los habitantes del valle acusan a las autoridades estatales de no establecer diálogo sobre el futuro de la región, demandan que el proyecto carece de beneficio público y señalan que con su construcción 17 mil personas serán desplazadas y 13 mil verán afectada su calidad de vida por la inundación de las vías de acceso a sus poblaciones y por la pérdida de sus terrenos de cultivo (80% de la población es agricultora).

Los demanadantes hacen hincapié en el patrimonio que se perderá y  apuntan, además, que la represa no es económicamente rentable ya que “el gobierno estima 2.130 millones de dólares, cifra es mucho menor de la real ya que no se ha calculado el monto total de las expropiaciones, la reconstrucción de las rutas que han sido prometidas, ni las tasas de interés que el gobierno habrá de pagar a las filiales prestatarias” Según los demandantes el saldo de beneficios será negativo y el gasto anual del estado de 180 millones de euros.

El caso Ilisulu

Este caso es el pleito de una gran represa que quiere ser construida en el valle del Tigris por un consorcio de capital turco, alemán, suizo y austriaco. Hasankeyf Survival Inittiative denuncia a las autoridades turcas y alemanas, así como a las corporaciones que financian este megaproyecto que inundará parte de las provincias de Mardin y Sirnak al Sureste de Turquía.

Esta represa serviría para generar energía, y su costo la demolición de 289 yacimientos arqueológicos oficiales entre los que se encuentra la antigua ciudad de Hasankeyf (12.000 años de ocupación permanente por la que ha pasado civilizaciones mesopotámicas y mediterráneas), el desplazamiento de alrededor de 70 mil personas, la destrucción del hábitat de 123 especies avícolas, entre las que se encuentran ejemplares en peligro de extinción o el fin del sistema agrícola basado en el arrastre de sedimentos.

Los proyectos de la represa empezaron en 1954, pero fue en 1982 cuando fue incluido en el Southeastern Turkey Proyect (GAP). En 1996 se consideró en los presupuestos del gobierno. Como resultado de numerosas campañas en contra del proyecto (que entre 1999 y 2002 movilizaron a 70 organizaciones locales e internacionales) el consorcio de siete empresas existente fue disuelto. En la actualidad los planes de construcción de la represa vuelven a ponerse en marcha.

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