Antonio Cuesta. Blog de Turquía

logoAntes de llegar a la ciudad del Bósforo, el Tribunal del Agua (TLA) ha recorrido un largo trayecto desde su fundación en Costa Rica en 1998. Un camino no exento de riesgos y crecientes amenazas sobre el que es su principal cometido: conseguir con sus reclamos frenar la contaminación y los abusos de los sistemas hídricos del planeta, e impedir los intentos de privatizar el agua de consumo humano.

En todos estos años el Tribunal ha constatado también una creciente “crisis de legalidad”, expresada en la incapacidad de los Estados para satisfacer las demandas de los ciudadanos que, con cada vez mayor frecuencia, ven amenazado el indispensable acceso al agua necesaria para la vida.

Un largo recorrido

El Tribunal del Agua llevó a cabo su primera audiencia pública en San José de Costa Rica, en 2000, donde analizó once casos de amenazas a los sistemas hídricos de Centroamérica. Cuatro años después se volvió a reunir en la misma ciudad para dirimir nueve causas más sobre la vulneración de derechos ambientales a las comunidades campesinas en la región.

Ciudad de México en 2006 y Guadalajara (México) en 2007 pusieron sobre la mesa una veintena de casos de graves violaciones ambientales que iban desde problemas generados por proyectos hidroeléctricos de gran envergadura, hasta casos de contaminación industrial y minera, o de privatización del agua, como ocurrió en Bolivia, entre otros.

La última audiencia tuvo lugar el pasado año en la ciudad de Antigua, en Guatemala. En aquella ocasión se analizaron casos de abusos en territorios indígenas y contó con la participación de representantes de algunas de las principales comunidades del país maya.

Hasta la fecha, el Tribunal ha acogido 51 casos y ha atendido más de 250 consultas.

La audiencia de Estambul

Entre el 10 y el 14 de marzo, el TLA conjuntamente con la Fundación Heinrich Böll llevarán a cabo un nuevo proceso en la ciudad de Estambul en el que se analizarán cinco casos. Tres corresponden a Turquía, uno a México, y otro, a Brasil:

•    El proyecto de la represa Yusufeli, en el río Çoruh, en la región turca del Mar Negro;
•    El proyecto de la represa Ilisu, en el río Dicle (Tigris), en las provincias de Mardin y Şırnak;
•    Las represas en el valle de Munzur, en la provincia de Tunceli, en el río Euphrates
•    La construcción de megaembalses en el río Madeira, en el estado de Rondônia, en Brasil; y
•    Los impactos socioambientales en México.

Principios éticos

El TLA es una instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de conflictos relacionados con los recursos y sistemas hídricos, basándose en los principios de convivencia, respeto a la dignidad humana y a los seres vivos, solidaridad entre los pueblos y responsabilidad ambiental.

El Tribunal busca que la población tome conciencia y se forme opinión sobre el manejo y protección del agua y trata de fomentar una actitud vigilante sobre los proyectos que puedan afectar a los derechos ambientales, fortaleciendo de esta manera una cultura del agua, por medio de la modificación y eliminación de prácticas que afectan ecosistemas y recursos hídricos.

Con respecto a sus procedimientos jurídicos se parte de la conexión entre los principios procesales del derecho positivo y la celeridad necesaria para un proceso de carácter ético. En este concurso de justicia convergen diversos principios fundamentales, tales como la imparcialidad para el análisis de los sistemas probatorios, el juicio científico y profundo (de acuerdo con la equidad) respecto a los alegatos y argumentos de las partes, la ecuanimidad en cuanto a las pruebas presentadas y el fundamento en criterios sistémicos en lo científico-técnico, la entereza y escrupulosidad en lo concerniente a lo primordial de los valores ecológicos como directrices para el análisis y el respeto al debido proceso.

Si bien es cierto que los veredictos y resoluciones de un tribunal de conciencia no son de cumplimiento obligatorio para las autoridades de ningún país, la difusión internacional de las sentencias y la censura de la comunidad internacional resultante de esa difusión será la que impulse una condena de tipo moral y encauce la búsqueda de alternativas para la solución de los conflictos hídricos.

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