Andrés Mourenza (EFE)

La decisión del Tribunal Constitucional de anular la reforma que permitía el libre uso del velo fue interpretada el pasado viernes por los analistas políticos y los medios de comunicación como el precedente de lo que podría ser la decisión en el proceso sobre la ilegalización del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).


“Malas noticias para el AKP”, tituló el viernes a toda página el diario liberal ‘Radikal’ y recordó que en la acusación de la Fiscalía contra el AKP se alega la reforma constitucional que permitió brevemente el uso del velo en las universidades como una de las principales razones por las que esta formación se ha convertido supuestamente “en un núcleo de actividades anti laicas”.

La decisión del Constitucional fue tomada con 9 votos a favor y 2 en contra, un resultado que podría repetirse en el proceso contra el AKP ya que, según un análisis del diario centro-izquierdista ‘Milliyet’, tras la sentencia de ayer “se refuerzan” las posiciones de la acusación del Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, quien además de la ilegalización del partido en el gobierno exige la inhabilitación del presidente de la República, Abdullah Gül, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y 69 dirigentes del AKP.

El diario nacionalista laico ‘Cumhuriyet’, tituló con un gran “Punto y final para el velo” y recogió la valoración de algunos rectores que consideraron la sentencia como “una decisión histórica para el laicismo”.

Los rotativos cercanos al gobierno Erdogan acusaron al poder judicial de “desautorizar” al poder ejecutivo y de asumir tareas propias del poder legislativo, mientras la prensa liberal recordó que la modificación constitucional del velo fue aprobada con los votos a favor de 411 de los 550 diputados de la asamblea turca y el apoyo de los grupos parlamentarios del AKP, del Partido de Acción Nacionalista (MHP) y del grupo kurdo.

Ahora los analistas turcos se preguntan si la corte constitucional defendió ayer el laicismo o, en cambio, dio “un golpe de estado judicial”, como lo calificaron varios dirigentes del AKP.

“Desde ayer, el régimen turco se ha dotado de un nuevo carácter. Se ha tornado imposible cambiar la constitución. La autoridad judicial ha tomado una posición sobre el resto de poderes”, observó el periodista Rusen Çakir.

Desde que entró en vigor la actual constitución, redactada por la Junta Militar en 1982, ésta es la primera ocasión en que una reforma constitucional es anulada por el alto tribunal de Turquía.

Según el análisis de ‘Milliyet’, con este pronunciamiento el Tribunal Constitucional ha subrayado la importancia de los llamados “principios inmutables” de la Constitución que son: la forma republicano del estado, la democracia, el laicismo, el estado de derecho, la solidaridad nacional, los derechos humanos, el nacionalismo de Atatürk, la lengua turca, la indivisibilidad del estado, la capital en Ankara, el himno y la bandera nacional.

El artículo 4 de la carta magna establece que estos principios “no deberán ser enmendados y tampoco se puede proponer enmiendas a los mismos”.

Pero la cuestión radica en que el artículo 148 de la constitución turca establece que las reformas de la carta magna sólo podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional en su aspecto formal y no juzgadas por su contenido, algo que, según el ex presidente del Tribunal Supremo Sami Selçuk no han tenido en cuenta los magistrados constitucionales.

El politólogo Ersin Kalaycioglu denunció que la decisión de los magistrados “no se inscribe en el campo de lo legal, sino de la política” y su colega Ergun Özbudun criticó que no hay ejemplos de tal actuación judicial en ningún país europeo y que la decisión “aumentará las tensiones”.

Mientras la formación nacionalista laica Partido Republicano del Pueblo (CHP) y su entorno celebraban hoy el veredicto, muchos comentaristas se preguntaban cómo se podrá gobernar el país tras esta desautorización judicial al ejecutivo y la columnista del diario liberal-progresista ‘Taraf’ Yasemin Çongar auguró que, de seguir así, el Tribunal Constitucional terminará por “ilegalizar el parlamento”.

Lo cierto es que la decisión judicial amenaza con dividir aún más la sociedad turca entre los partidarios del estricto laicismo y nacionalismo oficiales -la elite laica urbana, los altos funcionarios, el ejército y los jueces- y los partidarios de un régimen más abierto y permisivo -la nueva burguesía musulmana, los intelectuales liberales, la población rural y las minorías-.

“¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir la oligarquía burocrática en base a una pretendida democracia? ¿Cuánto tiempo más durará la vigilancia de esos burócratas sobre los políticos civiles?”, inquirió Hüseyin Gülerce desde las páginas del conservador ‘Zaman’.

La ponente del informe sobre Turquía del Parlamento Europeo, Ria Oomen-Ruijten, ofreció una posible solución: “El gobierno debe redactar una nueva constitución en la que las libertades básicas no sean sólo para un grupo sino para todos los ciudadanos. Es necesario para que Turquía se pueda modernizar”.
Tras vencer las elecciones legislativas del pasado año con el 47 por ciento de los votos, el gobierno del AKP comenzó a preparar una nueva constitución que, según sus primeros borradores, hubiese ampliado los derechos individuales (incluido el derecho al libre uso del velo en la universidad), pero el ejecutivo de Erdogan, por razones que no hizo públicas, dejó aparcada la nueva constitución y prefirió reformar el actual texto únicamente en el aspecto del velo.

De momento, la situación es de incertidumbre, como señaló, también en ‘Zaman’ el veterano analista Mumtaz’er Türköne: “A partir de ahora nada podrá sorprendernos. El AKP podría ser ilegalizado, el presidente podría ser desalojado del (palacio presidencial) de Çankaya. Podríamos entrar en un periodo de golpes de estado, cualquier cosa puede ocurrir”.

Recordemos que la Unión Europea ya condenó la posibilidad de que el AKP fuese ilegalizado. El juicio continúa en manos de los jueces del Tribunal Constitucional, en un proceso que comenzó el pasado 14 de marzo a instacia del Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya.

Fotos: (de arriba a abajo)

El relator del Tribunal Constitucional turco, Osman Can. En su informe preliminar sobre el caso contra el AKP recomendó a los jueces constitucionales que abriesen el proceso de ilegalización y así se hizo. En cambio, en el recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de la carta magna para permitir el uso del velo en las universidades, Can recomendó al tribunal que rechazase el recurso de la oposición, pero el Constitucional no le hizo caso y optó por la decisión más drástica: eliminar por primera vez en la historia una reforma constitucional. También podría haber optado por una medida menos polémica como había hecho en otras ocasiones: aceptar la reforma constitucional pero puntualizar que ésta no era suficiente para permitir el uso del velo en las universidades (esta opción era la que más posibilidades tenía según las apuestas de los pasillos políticos de Ankara).

El Fiscal General del Estado y presidente del Tribunal Supremo, Abdurrahman Yalçinkaya, conocido por sus ideas nacionalistas y su ferviente oposición al AKP.

Una vez más Erdogan: ¿será inhabilitado de la política como ya sucedió en los años 90?

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