Francisco Veiga. (Veiga: un blog)

Desde que el pasado 30 de marzo el Tribunal Constitucional de Turquía decidió lanzar un proceso de ilegalización contra el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) se ha inaugurado en el país anatolio una nueva crisis política de confusos perfiles. ¿Cómo puede ocurrir que la fiscalía del Tribunal Constitucional, en un país supuestamente democrático, se lance a ilegalizar el partido del gobierno que además goza de amplia mayoría parlamentaria?¿Sus señorías se han dado cuanta, precisamente ahora, de que la formación política que ha ganado por amplio margen dos elecciones legislativas consecutivas es un peligro para la democracia? La acusación achaca “actividades antilaicas” al AKP, en cansina repetición de la ya vieja cantinela sobre la “agenda oculta” del partido en el poder.

Porque en esencia, el ataque, que desearía devenir un golpe de estado jurídico, es un anacronismo. La maniobra ha venido siendo habitual en la Turquía republicana desde la misma instauración del régimen por Mustafá Kemal en los años veinte del siglo pasado. Después, durante la Guerra Fría, los poderes fácticos se acostumbraron a este tipo de actos de fuerza, en tiempos de democracia vigilada, cuando Turquía era un peón estratégico de los Estados Unidos en la lucha contra el Imperio del Mal soviético.

Precisamente por ese largo pasado de actos de fuerza, todavía le impresionan mucho a la mayoría de los turcos estas maniobras y golpes de fuerza. Pero esta vez parece que las cosas están cambiando. Una de las razones principales de ello reside en Bruselas. Ha transcurrido tan sólo un año desde que el pasado año, el 17 de abril, el Estado Mayor del Ejército turco colgó en su página web un memorando en el que protestaba ante la elección de un presidente de la república procedente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo. Por entonces, la respuesta de la Unión Europea a la amenaza de un posible golpe real, fue más bien tibia.

Pero por esta vez, doce meses más tarde, la Unión Europea ha tenido claro el mensaje a enviar: adelante con las reformas, acelerarlas en la medida de lo posible, y nada de entretenerse en las viejas disputas políticas. Y lo ha hecho el mismo Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, que viajó a Ankara el pasado 10 de abril. Incluso el mismo gesto de desplazarse hasta allí resultaba de inequívoco apoyo al ejecutivo de Erdogan y la presidencia de Gül. También Olli Rehn, el Comisario para la Ampliación, se mostró muy crítico con la escasa calidad democrática de la denuncia. Y lo mismo hizo el gobierno alemán, todavíoa más contundente. Por su parte, el ejecutivo turco respondió favorablemente llevando al Parlamento el polémico artículo 301 del Código Penal para su retirada: esta ley permitía procesar con facilidad a cualquier ciudadano por acusaciones de insulto contra la identidad nacional turca. Ello, lógicamente, ha exacerbado la inquina de los sectores que hasta ahora eran definidos simplemente como “laicos” peor que de hecho se vienen identificando cada vez más como ultranacionalistas.¿Qué es lo que ha cambiado para que Bruselas haya dado un viraje tan pronunciado en el periodo de un año? En primer lugar, la constatación de que la popularidad de Partido de la Justicia y el Desarrollo es real: ha ganado dos legislativas consecutivas por mayoría, tras largos años de parlamentos fraccionados. De otra parte, el comportamiento democrático del gobierno es constatable, mientras que las acusaciones de su “agenda oculta” islamista son tan sólo eso: una clásica teoría conspirativa que pretende utilizar como pruebas la falta de indicios. Las acusaciones vertidas por la derecha conservadora laica en el sentido de de que las enormes subidas del precio del arroz en Turquía (un 130% en los últimos tres meses) son debidas a maniobras especulativas de empresas alimenticias relacionadas con el gobierno, vienen a tratar de ignorante a la población, en un momento en el que la prensa mundial está alertando del aumento de los precios de productos agrícolas básicos en todo el mundo, con episodios de explosiones sociales en Egipto, Túnez o Haiti, situaciones de gran alarma social en Filipinas y subidas pronunciadas incluso en los Estados Unidos.

Por lo tanto es un momento delicado: se perfilan nubarrones de recesión económica capaces de descargar sobre la sociedad turca arruinando el prestigio adquirido por Erdogan y su gobierno; pero eso ocurre después de que el ejecutivo, apoyado en la mayoría parlamentaria, hubiera estabilizado la política turca. En tal contexto, Bruselas no le perdonaría a los sectores “laicos”, nacionalistas o ultraderechistas que desestabilizaran a Turquía justo en este momento, cuando las posibilidades de ingreso del país en la UE empezaban a cobrar impulso. Porque el daño sería devastador, dado que esos sectores de oposición no presentan un frente unido, no tienen un proyecto político moderno, no podrían llevar a Turquía a la UE y desequilibrarían al país irremisiblemente y durante años.

Además, la respuesta de Barroso deja aclaro algo que, a estas alturas, ya no es ninguna novedad, a pesar de que determinados comentaristas se empeñen en seguir sosteniendo lo contrario, más por prejuicios ideológicos –muchas veces de extrema derecha tendencia Eurabia más o menos camuflada en envolturas seudointelectuales- o personales, que en base a un análisis riguroso y desapasionado. Esto es: según cómo y en base a qué tuviera lugar, un fracaso en el proceso de negociación de la candidatura turca sería una catástrofe para la Unión Europea. Y ello no tanto por la pérdida de los beneficios económicos o estratégicos que se derivarían de esa integración, como por tener que asumir importantes errores de cálculo, incapacidad para gestionar el proceso y establecimiento de precedentes que incluso podrían afectar a países ya integrados.

Por lo tanto, la maniobra ejecutada, claramente política, puede costarle muy cara al Tribunal Constitucional turco. Está claro que tiene en contra a Bruselas, así como a un porcentaje muy elevado de la población; y ni siquiera está demostrado que una parte significativa del Ejército y el aparato de inteligencia esté detrás de la intentona desestabilizadora. Si triunfa la iniciativa el Partido de la Justicia y el Desarrollo resulta ilegalizado, cayendo el gobierno y colapsándose hasta la presidencia, ¿quién tomará en sus manos la ruina política que será Turquía?¿El más que agotado CHP neokemalista (en realidad socialista nacional) con su desacreditado Deniz Baykal a la cabeza?¿Pero tienen realmente un régimen político de recambio? Aquí se está jugando una partida fuerte, no un remiendo, no una finta. Aunque sea producto de un espasmo corporativo -el de un poder judicial que se considera último depositario de las esencias de la República- la maniobra de apostar por la ilegalización del AKP es una estocada, no un bofetón. Va mucho más allá de una polémica entre intelos de salón en cualquier periódico.

Y lo que es peor: no parece que sea el comienzo de nuevas ideas, de propuestas inteligentes y realistas, sino que después de múltiples empujones, manifestaciones, amenazas, rumores, llanto y crujir de dientes, a los sectores laicos más duros ya no se les ocurre nada más que lanzar por delante a un grupo eminentes juristas. Si hubieran podido hacer algo más eficaz o contundente, ya lo hubieran hecho. Y de momento, no han podido.

Curiosamente, es posible que ni la extrema derecha nacionalista (el MHP o Partido de Acción Nacionalista) esté realmente interesada en el vacío político que generaría en la arena política turca la ilegalización del AKP. En los últimos meses, la formación ultra ha estado acariciando la posibilidad de erigirse en “partido bisagra” entre el CHP y el AKP. El pasado mes de febrero, una amplia mayoría de diputados del Parlamento en Ankara, superior a dos tercios del total, votó a favor de las enmiendas constitucionales propuestas por el AKP, en virtud de las cuales se terminaba con la prohibición del velo (el türban, en realidad) en las aulas. Pues bien, al parecer la maniobra contó con el apoyo del MHP, dado que la extrema derecha turca ha ido estructurando un discurso en el que cabe de todo: ataturkismo, glorias otomanas al frente del islam, panturquismo y exaltación de la herencia republicana. Un discurso “tous azimuts” muy propio del fascismo y el populismo radicales, que ahora le viene muy bien al MHP para tontear con unos y otros. A cambio de eso, la jugada suprema: un golpe de estado encabezado por los fiscales del Tribunal Supremo que generaría un enorme vacío de poder, y un MHP que lo llenaría, desbordando al CHP y a golpe de consignas “contra todos” como las coreadas en una “manifestación popular” hace pocos días, en la que se gritaba contra el “complot internacional”, contra Europa y contra América.

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