Antonio Cuesta. Estambul

El trámite legal para permitir el uso del velo islámico en las universidades de Turquía no acabó con la aprobación parlamentaria del pasado sábado, las enmiendas fueron enviadas hoy al Jefe de Estado para su aprobación.

Aunque las reformas fueron aprobadas por 411 diputados, de los 550 existentes, y casi con seguridad el Presidente, Abdullah Gul, refrendará los cambios, la principal fuerza de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), presentó un recurso ante la corte constitucional.

El CHP insiste en que la modificación legal atenta contra el principio del secularismo, uno de los pilares de la República, recogido en el artículo 2 de la actual constitución que no puede se cambiado ni enmendado.

Se da la paradoja de que la actual constitución fue impuesta por el estamento militar, el principal agitador de todas las acciones contra el actual gobierno, tras el golpe de estado llevado a cabo en 1980.

Ahora, si la corte constitucional interpreta que las enmiendas propuestas socavan el citado artículo y decide anularlas, muchos creen que Turquía se verá arrastrada a un caos político.

Si el tribunal adopta las demandas del CHP nuestra democracia será un sinsentido, aseguró Bekir Bozdag, presidente del grupo parlamentario del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), pues ello significaría que la corte ocupa el papel del legislativo.

Según Bozdag, no existen argumentos técnicos para rechazar el voto parlamentario como tampoco sería posible examinar o comparar un artículo de la constitución para usarlo contra la modificación de otro.

En el mismo sentido se expresó Yusuf Alatas, ex-presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) al asegurar que si la corte constitucional impide los cambios equivaldría a decir que ninguna ley puede aprobarse en Turquía si este tribunal no lo autoriza.

Y la cuestión además pondría en peligro los planes gubernamentales de crear una nueva constitución que proteja y defienda los derechos humanos y las libertades, poniendo fin a un texto legal restrictivo producto del brutal alzamiento militar de 1980.

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