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El gobierno turco pone fin al régimen de aislamiento que pesaba sobre Öcalan

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

El gobierno turco ha decidido acabar con el aislamiento de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), después de que organizaciones de Derechos Humanos del país criticaran en varias ocasiones las condiciones a las que se hallaba sometido el prisionero.

En concreto el ministerio de justicia trasladó ayer a 5 nuevos convictos hasta la isla-cárcel de İmralı, en el mar de Mármara. 4 miltantes del PKK y 1 del Ejército de Liberación Campesino y Obrero de Turquía (TIKKO) compartirán encierro con Öcalan quien llevaba 10 años de aislamiento.

Según publicó el diario Hürriyet, está prevista la llegada en próximos días de 3 presos más y la autorización al dirigente del PKK a mantener contacto con todos ellos hasta un total de 10 horas por semana.

Aislamiento

La Asociación de Derechos Humanos (İHD) de Turquía lleva advirtiendo desde 2003 de los excesos a los que ha estado sometido el prisionero y los peligros para su integridad personal.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó la prisión en 2007 y en su informe se pedía la mejora de las condiciones de reclusión de Öcalan, tras constatar su situación.

Miles de personas se han manifestado a lo largo de estos años en Turquía en demanda de un tratamiento acorde al respeto de la dignidad y los derechos básicos del líder rebelde.

Entre los problemas graves citados por las organizaciones de DD.HH. se encuentran el difícil acceso a la isla (lo que impide las visitas de familiares y abogados), lo reducido del espacio físico disponible, la ausencia de servicio médico y el maltrato por parte de los carceleros.

10 años en soledad

Öcalan fue capturado el 16 de febrero de 1999 en Kenia por los servicios de inteligencia turcos y trasladado a la isla de İmralı. El 29 de junio el mismo año, la corte condenó Öcalan a la pena de muerte. Sin embargo, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua (sin posibilidad de reducción ni de tercer grado) en el marco de la armonización legal con la Unión Europea. Desde entonces Öcalan había permanecido como único ocupante de la prisión y en condiciones constantemente denunciadas por organismos humanitarios.

Declaración de Turquía “Justicia del Agua”

Declaración final de los Foros del Agua de los Pueblos y Alternativo (Estambul, marzo 2009)


Después de Ciudad de México en 2006, un hito importante en el constante actuar del movimiento global por la justicia del agua, ahora nos encontramos en Estambul movilizados contra el 5º Foro Mundial del Agua. ¡Estamos aquí para deslegitimar este falso Foro, dirigido por las corporaciones, y dar voz a las positivas propuestas de los movimientos globales por la justicia del agua! Dado que estamos en Turquía, no podemos ignorar que este país ofrece un poderoso ejemplo de los devastadores impactos generados por las políticas destructivas de gestión del agua.

El gobierno turco ha impulsado la privatización tanto de los servicios del agua, como las cuencas y planea embalsar todos los ríos del país. Cuatro son los casos de presas especialmente peligrosas y destructivas: Ilisu, Yusufeli, Munzur y Yortanli. Durante 10 años, la gente afectada ha estado oponiéndose con resistencia a estos proyectos, particularmente, la presa de Ilisu que es parte de un enorme proyecto de irrigación y producción energética conocido como el Proyecto del Sudeste de Anatolia (GAP).

La presa de Ilisu -una de los proyectos más criticados del mundo- es particularmente compleja y problemática debido a sus implicaciones geopolíticas en Oriente Medio. La presa está situada en la región kurda, donde hay violaciones de los derechos humanos provocados por el conflicto irresuelto. El gobierno turco está utilizando el GAP para afectar negativamente a las formas de vida de la población kurda y acabar con su cultura y sus derechos políticos.

Como movimiento, estamos aquí ofrecer soluciones a la crisis del agua, y exigir que sea la Asamblea General de la ONU quien organice el próximo foro global sobre el agua. La participación de altos funcionarios y representantes de Naciones Unidas en nuestro encuentro es una evidencia de que algo ha cambiado. Hay un traslado tangible y simbólico de legitimidad: desde el foro oficial, organizado por intereses privados y por el Consejo Mundial del Agua, hacia el Foro del Agua de los Pueblos, organizado por la sociedad civil mundial que incluye a campesinos, indígenas, activistas, movimientos sociales, sindicatos, ONGs y redes que luchan en todo el mundo en defensa del agua, del territorio y de la colectividad.

Llamamos a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a que asuman su papel, como legítimos convocantes de encuentros multilaterales, y formalmente auspicien la celebración de un foro sobre el agua que estipule las obligaciones estatales y las responsabilidades ante la comunidad global.

Invitamos a todas las organizaciones y gobiernos en este 5º Foro Mundial del Agua, a que se comprometan a hacer de éste el último foro del agua controlado por las corporaciones privadas. El mundo necesita la convocatoria de un foro legítimo, responsable, transparente y democrático sobre el agua, que emane de los procedimientos de la ONU y sea apoyado por sus Estados miembros.

Confirmando una vez más la ilegitimidad del Foro Mundial del Agua, denunciamos la declaración ministerial porque no reconoce el agua como derecho humano universal, ni la excluye de los acuerdos comerciales globales. Además el proyecto de resolución ignora el fracaso de la privatización para garantizar el acceso universal al agua, y no toma en consideración las acertadas recomendaciones propuestas en la incompleta resolución del Parlamento Europeo.

Finalmente, la declaración promueve el uso del agua para producir energía hidroeléctrica y el incremento de la producción de biocombustibles, propuestas ambas que conducen a una mayor desigualdad e injusticia.

Reafirmamos y consolidamos todos los principios y compromisos expresados en la declaración de 2006 en Ciudad de México: defendemos el agua como el elemento básico de toda la vida en el planeta, como derecho humano fundamental e inalienable; insistimos en que debe ser garantizada la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras; rechazamos cualquier forma de privatización y declaramos que la gestión y supervisión del agua deben de ser públicas, sociales, colectivas, participativas, equitativas y no comerciales; pedimos la gestión democrática y sostenible de los ecosistemas y que se preserve la integridad del ciclo del agua mediante la adecuada protección y administración de las cuencas hidrográficas y el medio ambiente.

Nos oponemos al modelo económico y financiero dominante que ordena la privatización, comercialización y cesión a las corporaciones del agua pública y de los servicios del saneamiento.

Estaremos contra este tipo de reformas, perjudiciales y antí-democráticas, del sector público, pues hemos visto los resultados sobre la gente pobre sometida a rígidos mecanismos para la recuperación de costes y a métodos de prepago.

Desde 2006, en México, el movimiento global de la justicia por el agua ha venido desafiando el control empresarial del agua para la obtención de beneficios. Algunos de nuestros logros incluyen: el reclamo de servicios públicos que habían sido privatizados; fomento y ejecución de sociedades público-público; forzar la pérdida de ganancias de la industria del agua embotellada; y confluir en actividades conjuntas y simultáneas durante el “Octubre Azul” y la “Semana de Acción Global”. Celebramos nuestras destacadas conquistas en cada una de las constituciones y leyes que han reconocido el agua como derecho humano.

Al mismo tiempo necesitamos abordar la crisis económica y ecológica. ¡No pagaremos su crisis! No rescataremos este modelo agotado e insostenible, que ha transformado: un gasto privado inexplicable en una enorme deuda pública, el agua y los terrenos comunales en mercancía, la naturaleza en su conjunto en un coto privado de materias primas y en un vertedero al aire libre.

La interdependencia básica entre el agua y el cambio climático ha sido reconocida por la comunidad científica y subrayada también por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Por lo tanto, no debemos aceptar las respuestas al caos climático en el sector de energía que siguen la misma lógica causante de la crisis. Una lógica que compromete la cantidad y calidad del agua y de la vida, basada en las presas, las centrales nucleares y las plantaciones de agro-combustibles.

En diciembre de 2009, trasladaremos nuestras inquietudes y propuestas a la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en Copenhague. Además, el modelo dominante de agricultura industrial intensiva contamina y destruye recursos hídricos, empobrece terrenos de cultivo y acaba con la soberanía alimentaria. Esto tiene un enorme impacto sobre la vida y la salud pública.

Desde la fructífera experiencia del Foro Social Mundial de Belem, nos hallamos comprometidos en estrechar una alianza estratégica entre los movimientos del agua y los de la tierra, la alimentación y el clima.

También nos comprometemos a continuar construyendo redes y nuevas alianzas sociales, y a implicar tanto a las autoridades locales como a aquellos parlamentarios que se muestran decididos a defender el agua como bien común y reafirman el derecho al agua dulce para todos los seres humanos y la naturaleza. Animamos a todas las empresas públicas del agua a que trabajen juntas, estableciéndose para ello asociaciones nacionales y redes regionales.

¡Celebramos nuestras conquistas y miramos hacia el futuro prosiguiendo nuestra colaboración a través de países y de continentes!

Traducción Blog de Turquía

Original en inglés: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article364

La lucha por el agua en Colombia

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

Finalizado ya el Foro del Agua en Estambul, en sus versiones comercial y social, los participantes vuelven a sus tareas. Unos regresan a sus cómodos sillones desde los que seguir ganado dinero y otros a sus comunidades donde continuarán resistiendo contra las inhumanas políticas neoliberales.

Los primeros tratarán de aumentar, pese a la crisis, sus beneficios a costa de hacer negocio con una fuente de vida como es el agua. Para ellos el agua no es un derecho, es una “necesidad” y como tal debe ser satisfecha por el mercado. Regresan satisfechos por haber conseguido evitar lo que a todas luces es una evidencia: el agua es de todos y, de tan valiosa, no tiene precio.

Los segundos no sólo comparten que el agua es un derecho humano inalienable, entienden sobre todo que es el origen de la vida en este planeta. Como recordaba estos días un diplomático latinoamericano, “vender el agua es como vender a nuestra madre”. Ahora llega el tiempo de seguir organizándose y continuar la lucha por la defensa de los derechos más básicos.

Danilo Urrea es de los que luchan y, aunque los ecos de los debates en Estambul ya se apagaron, quedaba pendiente que nos explicara en qué situación se encuentra el movimiento colombiano que reclama una reforma constitucional para que defienda el derecho al agua.

Esta organización popular, diversa, amplia y multisectorial pide el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental, garantizándose un mínimo vital gratuito; también que su gestión esté en manos del estado y las comunidades organizadas sin ánimo de lucro; que haya un control efectivo desde la sociedad hacia las empresas que prestan el servicio; y, por último, que se garantice la protección de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico.

Estos cuatro puntos -explica Urrea- recogen las aspiraciones de cuantos nos oponemos a las actuales políticas en Colombia, basadas en la explotación indiscriminada de los recursos naturales y especialmente la minería. Y en ese sentido, la movilización por el agua también debe ayudar a detener el modelo minero que está destruyendo los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, los resguardos indígenas y las zonas campesinas, que es donde hay mayor riqueza mineral del país.

En Colombia estamos intentando llevar a cabo una alternativa democrática radical con herramientas de la democracia liberal. Demandamos la celebración de un referendo por el agua con el fin de que todas las personas expresen su opinión sobre la reforma constitucional. Ello nos exige cumplir formalidades legales, pero sin perder de vista que nuestro objetivo es que sea el pueblo soberano quien dicte las políticas.

Así las cosas, y ante la negativa de los poderes públicos y privados, el movimiento popular presentó, la pasada semana, 2 millones de firmas ante el Congreso de la nación apruebe, o no, la convocatoria de un referéndum sobre los cambios demandados en el texto constitucional. Si pese a todo los diputados desestiman la propuesta, el movimiento Referendo por el Agua valorará la posibilidad de seguir recogiendo firmas (unas 800 mil más, hasta llegar al 10% del censo electoral) para poder convocar directamente un referendo sin la autorización del congreso, que es también una alternativa legal en Colombia.

Paradójicamente, el peligro reside en que el Parlamento acepte a trámite la propuesta pues, en ese caso -aclara Urrea-, el Congreso podría hacer modificaciones al texto y ellos dicen que los cambios que le harían sería retirar el punto que habla sobre la privatización del agua.

Lo cierto es que el debate está abierto en la sociedad e, incluso, en los medios. El pasado miércoles (18 de marzo) el editorial de El Espectador “El Referendo del agua” afirmaba que “la iniciativa es un ejemplo interesante de movilización social. Redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, comunitarias e indígenas circularon a través del país, conformaron comités, realizaron asambleas populares, hicieron propaganda sencilla a través de volantes”.

Dos días después, el mismo diario también recogía el texto, un tanto recortado, de Rafael Colmenares Faccini, portavoz del Comité Promotor del Referendo del Agua, en el que puntualizaba algunas de las afirmaciones hechas por el editorial del diario [Ver aquí la nota completa].

El agua como bien común, un espacio de lucha para la democracia participativa

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

Durante la última jornada del Foro Alternativo del Agua, celebrado aquí en Estambul, uno de los debates más interesantes fue el que reunió a activistas de varios continentes para hablar del agua como bien común y de su gestión bajo una óptica democrática y participativa.

Experiencias diferentes, luchas diversas, pero un mismo objetivo: hacer de la gestión del agua un espacio de democracia participativa desde la base y rechazar las políticas impuestas desde arriba, ya sean de instituciones como la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial, o procedan de gobiernos que ignorando a sus ciudadanos entregan la explotación de recursos naturales, en este caso el agua, a multinacionales para su beneficio.

De la India a Cataluña, de Colombia a Turquía, pasando por Canadá, los participantes en el debate pusieron sobre la mesa sus modelos organizativos, sus propuestas y sus logros. El italiano Tomasso Fattori denominó como una forma “global postdemocrática” lo que está sucediendo en Europa. El hecho de que inversores y empresas privadas, al margen de cualquier legitimidad democrática, tomen decisiones sobre regiones enteras y sus recursos sin ningún control popular. Una situación muy grave que modifica la vida de las personas y para el que se sirven de bienes públicos y sociales.

El canadiense Anil Naidoo, valoró muy positivamente el encuentro mantenido en Estambul por la energía desplegada en el mismo y por el potencial subversivo que conlleva. Podría ser el inicio de luchas mayores contra las políticas neoliberales -aseguró-, pero no tenemos mucho tiempo para ello, el momento es ahora.

De lucha también habló Danilo Urrea, miembro del Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo de Colombia, y de los conflictos internos en su país, donde “un gobierno autoritario está utilizando todos los medios económicos, así como los de comunicación y propaganda, para someter a la gente y acabar con sus tradiciones y formas de vida”. Urrea denunció que aprovechando la guerra de baja intensidad, la campaña contrainsurgente, el gobierno está llevando a cabo la venta de todos los bienes del país. En el caso del agua se están privatizando tanto el acceso a las fuentes como la distribución. Por ello, desde hace unos años se gestó un movimiento amplio, plural y masivo, denominado el Referendo por el Agua, que lo que pretende es que se declara constitucionalmente que el agua es un derecho humano con el que no se puede comerciar.

Dos millones de firmas consiguieron llevar la propuesta hasta el Congreso colombiano, que ahora tendrá que decidir qué hace con ella. Pero la lucha de este movimiento plural no se detiene, quiere explorar nuevos frentes contra las políticas neoliberales que se aplican en Colombia o, como expresó Urrea, “para luchar contra el robo del territorio y reescribir nuestra propia historia”. “Lo que pedimos es que se gobierne de acuerdo con el mandato del pueblo y no mirando a las compañías transnacionales, exigimos que las políticas se hagan pensando en el bien común”, aseguró.

La no inclusión del agua como derecho humano abre una brecha en el Foro Mundial

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

Finalizó hoy en Estambul el V Foro Mundial del Agua con el desacuerdo de un numeroso grupo de países que mostraron su oposición a la declaración ministerial, por no reconocer el agua como un derecho humano básico.

Ante la negativa de los organizadores de incluir en el documento final esa definición, 25 países de todo el mundo decidieron entonces suscribir una declaración propia en ese sentido y en la que se comprometían a trabajar por la implementación de tal derecho.

Además 16 de estos firmantes hicieron un llamamiento al resto de países en el pedían que, en adelante, los debates sobre el agua se realicen en el marco de las Naciones Unidas, bajo principios democráticos, participativos e inclusión social.

El Ministro de Medio ambiente de Bolivia, René Orellana, y el responsable de la delegación venezolana en el encuentro, Francisco Durán, presentaron la declaración ante la prensa y explicaron los fundamentos de la misma.

El dirigente boliviano mostró malestar por el hecho de que, desde las sesiones preparatorias hasta el final del Foro, sus propuestas no fueron tomadas en cuenta ni tampoco las de cuantos reclamaron que el agua fuera definido como derecho humano.

Denunció que la declaración ministerial ignora a los pueblos originarios, los derechos colectivos sobre el agua, los sistemas locales o comunitarios de gestión hídrica, pero sobre todo no hubo voluntad política de incluir ningún cambio en el texto, aclaró.

Por ello Bolivia rechazó esa declaración y promovió una declaración alternativa, que tuvo una buena acogida entre países de todos los continentes, lo que definió como una victoria importante.

Bajo su punto de vista, el siguiente paso sería la convocatoria de un foro iberoamericano del agua, donde los gobiernos y los pueblos del continente tomen la iniciativa, y algo similar se lleve a cabo en el resto de continentes.

En contraposición a los Foros actuales, Orellana reclamó encuentros más democráticos, donde se contemplen los disensos, donde sean los propios pueblos los que escriban sus declaraciones, en definitiva que sean convocados en el marco de la ONU.

A su vez Francisco Durán mostró su rechazo a la declaración ministerial por cuanto no sólo ignoró las aspiraciones con las que Venezuela llegó a Turquía sino que, en muchos casos, el texto era contrario a las mismas e, incluso, a la propia constitución de su país.

Y aunque la declaración no es vinculante, aclaró, Venezuela no puede mostrar consenso en cuestiones inaceptables, entre ellas la no inclusión de referencias a los pueblos indígenas o al cambio climático que de forma eufemística denominan “cambio global”.

Igualmente expresó su apoyo a los foros del movimiento social que, de forma alternativa, trabajaron también estos días en Estambul, pues las propuestas de los pueblos que luchan contra la privatización del agua en el mundo son también nuestra lucha, explicó.

Durán definió el FMA como un espacio profundamente antidemocrático, donde a pesar del esfuerzo realizado desde las reuniones preparatorias por incluir estas cuestiones fue imposible “cambiar ni una coma” e, incluso, que se recogieran en acta.

Ante el bloqueo de la organización, y de países como EEUU, Francia o Brasil, 25 estados decidieron reconocer el agua como derecho humano entre los que se hallan Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Suiza, en Europa, Benin, Camerún, Chad, Etiopía, Marruecos, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, por parte africana, así como Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka, de Asia, también suscribieron la declaración.

Recta final del Foro con duras negociaciones sobre el derecho al agua

EFE

El V Foro Mundial del Agua que deberá adoptar este fin de semana una declaración ministerial, entró hoy en su recta final con duras negociaciones sobre la posibilidad de establecer como un derecho humano el acceso a este vital recurso natural.

Aunque todos los países coinciden en la necesidad de avanzar en el derecho del acceso al agua, existen grandes diferencias sobre la forma de expresarlo, pues los diversos textos propuestos tendrían consecuencias políticas diferentes.

Así, en los pasillos del Palacio de Congresos de Sütlüce y en las reuniones bilaterales de las delegaciones, se ultiman las posiciones de los 150 países que estarán representados en la cumbre ministerial.

Según explicaron a EFE fuentes internas del foro, dentro del colectivo de países de la Unión Europea (UE), Holanda, España y Alemania están presionando para que el voto de este grupo se decante por la declaración del agua como un bien de “derecho humano”.

En cambio, Francia, país donde están radicadas las mayores compañías privadas del sector hídrico, es contraria a esa declaración como derecho humano y prefiere mantener el actual texto en el que el agua es definida como “una necesidad básica”.

Por ello, los países de la UE se decantarían por una redacción intermedia, que se perfila como la definitiva en los documentos finales de trabajo.

Así, en la declaración ministerial se reconocería “el derecho a un abastecimiento y saneamiento de agua básico” y los países firmantes se comprometerían “a revisar cómo (este derecho) puede ser implementado en las leyes, regulaciones, políticas y prácticas nacionales”.

El problema, según los juristas, es que el concepto de “derecho básico” no tiene implicaciones jurídicas, como sí lo tiene el de “derecho humano”, que se comprometen a respetar la mayoría de constituciones de los países del planeta.

En el seno de los países sudamericanos que, liderados por Uruguay, Bolivia, Venezuela y Cuba, han presionado duramente por la inclusión del “derecho humano” al agua, hay voces que disienten del documento de trabajo y consideran que la nueva redacción propuesta tampoco recoge sus demandas.

Por eso, tal y como hicieron en el anterior foro de México en 2006, podrían proponer una declaración complementaria en la que los países firmantes dejarían clara su postura de reconocimiento del agua como “derecho humano” y pedirían que sea la ONU quien organice los futuros foros en esta materia, en sustitución del Consejo Mundial del Agua, una institución de carácter privado.

Sería improbable que España se sumase a esta declaración si no lo hace el resto de países de la UE, explicó una fuente española que pidió el anonimato.

Entre los gobiernos de izquierdas latinoamericanos existe también un malestar considerable con la postura de Brasil, que ha abandonado el consenso sudamericano para alinearse con la posición liderada por Estados Unidos, Francia y Turquía.

Por su parte, México también se mostró a favor de que el Foro Mundial del Agua declare el acceso a este recurso como un derecho humano fundamental, siempre que quede claro que se trata de un servicio por el que hay que pagar.

En declaraciones a EFE, el director de la Comisión Nacional del Agua de México, José Luis Luege Tamargo, consideró que este reconocimiento se podría interpretar como que el agua es gratuita “y esto es un problema, porque el servicio tiene un coste”, que hay que sufragar a través de impuestos o a través del pago del servicio.

El ministro de Energía de Irán, Parviz Fattah, explicó en rueda de prensa su postura favorable al “derecho al agua” ante el resto de países de la Organización de la Conferencia Islámica.

“Nuestro punto de vista está basado en nuestras creencias islámicas. Creemos que todas las personas de la Tierra tienen derecho a una cantidad de agua potable suficiente (para colmar sus necesidades), como sucede en Irán”, afirmó Fattah.

Latinoamérica presiona para modificar la declaración final del Foro Mundial del Agua

Andrés Mourenza. EFE

Las negociaciones en los pasillos del quinto Foro Mundial del Agua, que se celebra esta semana en Estambul, arrecian a medida que se acerca el fin de semana, cuando se aprobará el documento ministerial, especialmente en torno al reconocimiento o no del agua como un derecho humano básico.

Varios países de Latinoamérica -Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Uruguay, principalmente- y Suiza presionan al Foro Mundial del Agua para que reabra el borrador del documento ministerial a debate, pues están molestos con la actitud cerrada al debate de los organizadores.

Además, España se sumó hoy públicamente a estos esfuerzos y su posición es que del foro estambulí salga una declaración que emplace a Naciones Unidas a que consolide el derecho humano al agua.

El problema radica, según los países críticos, en que la declaración del agua como “derecho humano básico” fue sustituida antes de la llegada de los documentos de debate a Estambul por el término “necesidad humana básica”, reduciendo las implicaciones políticas de esta declaración.

Según explicaron a EFE fuentes diplomáticas presentes en la negociación de los comités técnicos que tuvo lugar el martes y el miércoles, este cambio en el borrador provocó malestar en una “mayoría” de los países presentes y pidieron que se reabra el debate durante el fin de semana, con la llegada de los representantes ministeriales.

Sin embargo, Estados Unidos, Brasil y Egipto, junto al país anfitrión, Turquía, se negaron a reabrir el debate y bloquearon toda posibilidad de cambio.

Estos países también se negaron a que los debates previos al documento y la posición de cada gobierno quede reflejada en las actas del foro, algo que ha enfadado especialmente a la delegación de Suiza.

“Brasil no quiere que se publiquen porque no desea reconocer públicamente que se opone a que el agua sea declarada un derecho humano básico”, afirmó a EFE una fuente interna del foro que declinó ser nombrada.

Sin embargo, la presión de los países hispanoamericanos y de Suiza ha conseguido que la presidencia del foro acepte debatir algunos matices sobre el redactado del punto sobre el derecho al agua durante los encuentros ministeriales.

La delegación boliviana explicó a EFE que varios países presionarán por la inclusión del derecho al agua y que, en caso de que no sea posible, los países críticos firmarán una declaración complementaria.

En esta declaración, los países firmantes reconocería el agua como un derecho humano básico y, además, exigirían que el Foro Mundial del Agua deje de ser organizado por una institución privada como es el Consejo Mundial del Agua, para que se celebre bajo el paraguas de la ONU.

“Es muy triste que los gobiernos se sometan a un consejo privado dominado por grandes empresas”, criticó Juan Carlos Alurralde, asesor del Ministerio de Exteriores de Bolivia.

“El otro problema es que las declaraciones de este foro no son vinculantes”, añadió.

La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, pidió “esfuerzos reales” para que se vaya más allá de una declaración “que no llevaría a nada” y se pueda cumplir realmente el derecho al agua.

Varios activistas críticos se mostraron “contentos” de que el debate sobre el derecho al agua se haya instalado “dentro” del Foro Mundial del Agua.

En declaraciones a EFE, Miquel Carrillo, miembro de Ingenieros sin Fronteras, reconoció que la falta de capacidad vinculante de las declaraciones del Foro es un problema pero aseguró que el eventual reconocimiento del agua como derecho humano básico “es un primer paso que abre muchas posibilidades”.

“El siguiente problema sería la implementación de este derecho, que tendría su propio debate porque las empresas privadas dicen que es compatible con la gestión privada pero otras personas creen que es incompatible”, añadió.

Críticos con el foro oficial demandan agua para todos

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

waterActivistas internacionales, opuestos a la mercantilización del agua, se reunieron hoy en Estambul para presentar sus propuestas en el denominado “People’s Water Forum” y reafirmar que el agua es un derecho humano. Los grupos participantes pusieron en común diferentes prácticas en la gestión pública y comunitaria del agua, que ayudan a proteger a las poblaciones y la naturaleza a la vez que aseguran el acceso universal a este bien común sin importar el nivel de ingresos.

Todas las propuestas coincidieron en articular esfuerzos, voces y acciones para enfrentar la privatización del agua por el Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua, entre otros agentes. Estos organismos están llevando a cabo a lo largo de esta semana el V Foro Mundial del Agua de Estambul, en el que priman los criterios economicistas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para Maude Barlow, asesor sobre en el tema del agua del Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas Miguel D’Escoto, entregó una declaración de éste en el que expresaba de manera clara que “el agua es un bien público, una herencia común de la gente y naturaleza, y un derecho humano fundamental… debemos desafiar la noción de que el agua es un elemento de compra y venta por parte del libre mercado. Quienes confían en que el agua sea privatizada están negando a los seres humanos un derecho tan básico como el aire que respiramos”.

Otro grupo de luchadores por la justicia del agua fueron los filipinos de “Focus on the Global South”. Mary Ann Manahan, una de sus representantes recordó que “el acceso al agua y el saneamiento no sólo es un asunto de eficiencia y eficacia, sino sobre todo una cuestión de justicia, equidad de género, dignidad humana y en última instancia, democracia”.

Sebahat Tuncet, miembro del Parlamento de Turquía y vinculado a un importante grupo opuesto a la construcción de grandes presas, condenó los proyectos de Ilisu y Munzur que pretenden llevarse a cabo en diversas regiones de su país.

Adriana Marquisio, miembro de la Internacional de Servicios Públicos y Presidente de la Unión Pública del Agua de Uruguay, urgió a que el agua sea declarada de dominio público y no destinada a generar beneficio económico. “Dejemos claro -aseguró- que el significado de ‘público’ se extiende más allá del control estatal. Gestión pública debe reconocer estructuras alternativas y lideradas y gobernadas por las propias comunidades”.

Por su parte, Philipp Terhorst del Transnational Institute, habló de la Red Europea del Agua, y criticó la reciente resolución del Parlamento Europeo que fracasó en el reconocimiento del riego como un derecho humano.

A lo largo de la conferencia de prensa también tomó la palabra Al-Hassan Adán, coordinador de la Africa Water Network, quien condenó la represión de activistas, lo que refleja la gran exclusión de los derechos humanos más básicos para la mayoría de las personas.

Según los organizadores del People’s Water Forum, todos estos portavoces representan a un amplio espectro de líderes con propuestas y soluciones prácticas, equitativas y justas, para enfrentar la actual crisis mundial del agua.

Uruguay pide que el Foro Mundial se oponga al comercio del agua

EFE
El Director Nacional de Agua y Saneamiento de Uruguay, José Luis Genta, pidió ayer, en nombre de la delegación uruguaya, que la declaración ministerial que se acordará al final del Foro Mundial del Agua de Estambul reconozca el agua como un derecho humano fundamental.
“En Uruguay, los servicios de agua y saneamiento están garantizados constitucionalmente como un derecho humano y son gestionados exclusivamente por el Estado. Ponemos el bien común por delante del beneficio económico”, explicó Genta en una rueda de prensa organizada por la ONG People’s Water Forum. “Estamos trabajando para ver esta postura reflejada en la declaración ministerial; si no, necesitaremos una declaración alternativa, tal y como sucedió en México”, avisó.
En el Foro Mundial del Agua de Ciudad de México, en 2006, la declaración ministerial no incluyó ninguna referencia al agua como derecho humano fundamental, tal y como pedían las organizaciones sociales, por lo que Uruguay, Cuba, Venezuela y Bolivia firmaron una declaración alternativa conjunta, además de la oficial.
“Debemos decidir si dejamos que el agua sea una mercancía de la que extraer beneficios mientras hay gente que muere por no tener acceso a ella o si es un derecho humano, en cuyo caso tenemos que saber que no se podrá comerciar con él”, explicó Maude Barlow, consejera de Agua en la Asamblea General de la ONU. También expresó su “seria preocupación” de que el derecho al agua no sea recogido en la declaración final y se mostró muy crítica con el Consejo Mundial del Agua, la institución privada que organiza este foro.
“Algunos países han intentado incluir el derecho al agua pero se les ha impedido, lo que demuestra que el Foro Mundial del Agua no es más que una feria comercial y un vehículo para promover la privatización del agua”, criticó Barlow. Además, denunció haber tenido que costearse su entrada al foro ya que, a pesar de la petición de la ONU, la organización no aceptó incluirla entre las participantes. “El Consejo Mundial del Agua no ha sido elegido democráticamente y nadie le ha dado permiso para erigirse en Señor del Agua, así es que no tiene legitimidad para decidir, por todo el mundo, el futuro del agua”, afirmó Barlow, tras exigir que el próximo foro del agua sea organizado por las Naciones Unidas.

Por su parte, Genta explicó a EFE que su gobierno intentará que se concrete lo máximo posible el derecho al agua en la declaración final y que se sume a la posición de los cuatro países latinoamericanos el mayor número de estados de otros continentes. Con todo, se mostró cauto respecto al resultado de esta iniciativa pues, según reconoció, las posiciones son decididas por cada gobierno antes de su llegada al foro y en las reuniones preparatorias.


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